A dos semanas de la millonaria subasta en la que Eduardo Costantini adquirió El Entrevero —el campo de 150 hectáreas que perteneció a Lázaro Báez hasta su decomiso en 2018—, la Justicia uruguaya se prepara para rematar otra propiedad del empresario argentino. Esta vez, se trata de un terreno de casi 2000 metros cuadrados ubicado a menos de 5 kilómetros de José Ignacio, cuyo precio de venta podría superar los 400.000 dólares, según estimaciones del sector inmobiliario.
El lote, decomisado en 2018 como parte de una causa judicial, sigue bajo la administración del Fondo de Bienes Decomisados, dependiente de la Junta Nacional de Drogas. La Asociación Nacional de Rematadores y Tasadores organizará el remate una vez que reciba la notificación oficial de Presidencia. Según fuentes, la fecha se fijará dentro de 40 a 50 días tras la autorización formal.
Inicialmente, se planeaba subastar este terreno junto a El Entrevero el pasado 8 de enero. Sin embargo, las propiedades siguieron trámites documentales separados, lo que postergó la venta de este segundo lote.
Aunque de menor relevancia que El Entrevero, que fue vendido por 11.200.000 dólares, esta nueva subasta sigue siendo significativa en el marco del proceso judicial contra Báez.
Báez, quien fue condenado por lavado de dinero en causas como “La ruta del dinero K”, también enfrenta acusaciones relacionadas con maniobras financieras ilegales que involucran la creación de entre 40 y 45 sociedades offshore. Estas estructuras habrían sido utilizadas para lavar dinero ilícito durante los gobiernos kirchneristas en Argentina.
En Uruguay, la compra de El Entrevero le valió una condena adicional en agosto del año pasado. En paralelo, legisladores argentinos como Manuel Garrido y Graciela Ocaña han destacado que las denuncias contra Báez revelan una trama de corrupción transnacional que exige respuestas coordinadas entre los países involucrados.
La subasta de bienes decomisados, como este terreno, refleja los esfuerzos por recuperar activos derivados de actividades ilícitas. “Se logró evitar la impunidad; la corrupción no reconoce fronteras y su combate debe ser igualmente global”, destacó Garrido.